Site map

La revolución de la seguridad

Ya he expresado reiteradamente en esta columna lo mucho que se ha avanzado durante todos éstos años de la Revolución Ciudadana. En este marco, fueron destacados –y reconocidos internacionalmente- los logros en materia de educación, salud, empleo y ampliación de derechos, sin que ello implique desconocer todo lo mucho que aún resta para alcanzar el Plan Buen Vivir.

La seguridad es un tema históricamente afín a los discursos de la derecha, preocupada siempre por la existencia de un “orden”, en realidad trasmutado en mecanismos disciplinadores de “control social”, a fin de garantizar el mantenimiento de los privilegios y prerrogativas históricamente adquiridos.

Sin embargo, lo que sí puede aparecer como novedad es que el gobierno demostró al mundo que, sin caer en la visión meramente represiva de la derecha, se puede ser eficaz en esta área central para la calidad de vida de los ciudadanos, pero en el marco de una política de inclusión social y justa distribución de la riqueza: quizás, la única manera de lograrlo.

Según estadísticas oficiales, el año 2016 terminará con un promedio de 5 homicidios cada 100 000 habitantes. Cifra que no sólo coloca al Ecuador entre los países más seguros de América Latina, sino que implica además una drástica reducción respecto a la tasa máxima de 18,88 alcanzada en el 2008.

Por otra parte, el Instituto Igarapé, reconocido en la investigación sobre temas de seguridad, justicia y desarrollo, realizó un estudio que ubica a Quito, Ambato y Cuenca dentro de las ciudades más seguras de América Latina, con tasas por debajo de los 2 homicidios cada 100 mil habitantes. Un resultado histórico, más aún si se tiene en cuenta que Quito es la única capital y ciudad grande en las primeras diez ciudades de una lista que integran mayoritariamente ciudades chilenas.

Estas sorprendentes mejoras en el principal indicador utilizado internacionalmente para medir la violencia, no solamente es fruto de un nuevo modelo desconcentrado de gestión policial, del trabajo mancomunado entre las fuerzas de seguridad y la justicia, del fortalecimiento de la participación ciudadana, y de la fuerte inversión en equipamiento y tecnología, sino de la fuerte inversión en educación y de las políticas de inclusión social y reducción de las brechas de desigualdad. Otro hecho que demuestra, que la inversión del Estado en las principales áreas tiene consecuencias positivas para la población.

Aunque como ya es habitual, los mezquinos y agoreros de ayer y hoy vean aquí dos cosas sin ligazón, hay una intrínseca relación entre los altos índices de inclusión alcanzados en los últimos años y esta reciente noticia sobre la reducción de la violencia en el país. Es por el camino de la equidad que Ecuador puede seguir asegurando estas cifras y no a través de proyectos políticos que busquen circunscribir la seguridad a los que más recursos tienen.

Por Enrique Ossorio

El Comercio