Muchas ciudades latinoamericanas sufren de una gama de riesgos que contribuyen con la fragilidad. Las más susceptibles no son necesariamente las ciudades grandes, sino las que crecen con más rapidez. Según demuestra una nueva visualización de datos sobre ciudades frágiles, Buenos Aires, Ciudad de México y São Paulo tienen tasas de crimen violento por debajo del promedio nacional. Sin embargo, estas ciudades que crecen más de 4% por año – al igual que San Pedro Sula (Honduras), Lagunillas (Venezuela), Villavicencio (Colombia), Santa Cruz (Bolivia) y Ciudad del Este (Paraguay) – tienden a tener tasas de homicidio desproporcionalmente más altas.

Otro factor que aumenta el riesgo de la fragilidad urbana es el desempleo juvenil y, específicamente, la desigualdad. Por ejemplo, ciudades como San Juan, Santo Domingo, Salvador y Puerto Príncipe tienen tasas de desempleo que incluyen desde el 14,6% hasta el 49% de la población. Hay una evidencia considerable que cuanto más desigual es el ambiente, más altas son las tasas de violencia. Las ciudades latinoamericanas están entre las más desiguales del mundo, y la región tiene 10 de los 15 países más desiguales del planeta.

Aunque la desigualdad ha caído en la región, el progreso está estancado. Recientemente el Banco Mundial y SEDLAC detectaron reveses en la desigualdad en algunas partes del Triángulo Norte de América Central y la región Andina, específicamente en ciudades donde el crimen y la violencia están al alza.

La inversión dirigida a reducir la violencia es fundamental para ponerle fin a la fragilidad.

Soluciones innovadoras para el reto

En parte por la seriedad de los retos que enfrentan, las ciudades latinoamericanas también son incubadoras de ideas nuevas para erradicar el crimen violento. Muchas tienen tasas increíblemente bajas de crimen violento, y muchas están adoptando estrategias que utilizan datos para mejorar la seguridad pública.

No lo están haciendo con más policías, penalidades o prisiones, sino probando estrategias nuevas, replicando innovaciones y aumentando el éxito. Hay muchas prioridades para las ciudades de América Latina, especialmente para las pequeñas y las medianas.

Primero, la seguridad pública y políticas y programas de seguridad deben ser alimentados por datos. Sorprendentemente, menos del 6% de las medidas de seguridad pública y la justicia implementadas en América Latina y el Caribe tienen alguna base probatoria.

Aún así, hay ciertas medidas dirigidas – disuasión dirigida, terapia cognitiva e intervenciones en la infancia – que pueden generar dividendos positivos de prevención de delitos. Hay otras actividades populares – programas de policías de proximidad, recompra de armas y abstinencia exclusiva – que son menos efectivos para reducir la violencia. La movilización de evidencia sólida para conducir intervenciones es una condición necesaria para el éxito.

Segundo, se debe concentrar energía y recursos en lugares, personas y comportamientos muy específicos. Esto se debe a que la violencia criminal suele ser complicada. Aproximadamente el 50% de la violencia homicida en las ciudades tiene lugar en menos del 2% de las calles. En general, una pequeña cantidad de personas están sujetas a mayor riesgo de llevar a cabo o ser víctima de un delito en ciertos barrios. Aproximadamente el 0,5% de la población es responsable por el 75% de los homicidios. Si la prevención criminal en la ciudad es la meta, las actividades abiertas y basadas en la comunidad no son el camino indicado. Más bien, las actividades coordenadas con relación a la vigilancia policial en regiones problemáticas y orientadas a la comunidad deben estar bien dirigidas e implementadas y tener los recursos adecuados.

Tercero, debemos llevar a cabo experimentos cuidadosos en lo que se refiere a descriminalizar y regular las drogas. Un mundo libre de drogas es ficción. Regulación no es lo mismo que legalización. Los alcaldes de las ciudades están probando con la descriminalización del uso, reducción de daños y estrategias basadas en recetas, regulación estricta del mercado, regulación permisiva y hasta promoción comercial. Hay diferentes formas de hacer que las drogas estén disponibles de manera controlada, como recetas médicas, venta en farmacias, venta y locales autorizados, cultivo personal y cooperativas para usuarios, y hasta proveedores sin permiso.

Cuarto, tomar acción para fortalecer la cohesión social y mejorar las condiciones sociales y económicas subyacentes en algunas áreas marginalizadas específicas. Aunque es difícil, promover vínculos sólidos y un sentido mutuo de responsabilidad es un paso crítico para mejorar la seguridad. Esto significa invertir en mejorar los bienes públicos tangibles y restaurar la resistencia del estado. Algunos buenos ejemplos son el tránsito público previsible, mejorar las viviendas y condiciones de vecindarios en vez de reubicar a las comunidades, y hasta la transferencia condicionada de recursos y el apoyo a padres solteros.

Estos cuatro caminos no son construcciones teóricas. Han sido probadas y aplicadas con resultado positivo en ciudades como Bogotá, Ciudad Juárez, Medellín, México D.F., Santiago de Chile y otras. Un estudio reciente del Instituto Igarapé y el Banco Interamericano de Desarrollo en cooperación con el Foro Económico Mundial analiza esta evidencia.

La buena noticia es que la mira de los alcaldes a lo largo de América Latina está tomando las medidas necesarias para aumentar la resistencia y reducir los riesgos de fragilidad. Aquellos que lo hagan abrirán el mundo de potenciales de la revolución urbana. Aquellos que no, se quedarán atrás.