Inseguridad: no a la “política del tero”
No hay promesas ni fórmulas mágicas para combatir la inseguridad”, sentenció Scioli durante la campaña como a modo de axioma incuestionable. Otros recurren al salvoconducto de decir que el asesinato existió siempre, desde Caín y Abel. O quienes se quieren quitar el problema de encima con palabras políticamente correctas repiten: “Educación, educación y más educación”.
Por cierto, las cifras parecerían confirmar ese nihilismo securitario: desde el año 2000, más de 8 millones de víctimas de homicidio hace de la violencia interpersonal la causa de muerte global más importante que todas las guerras combinadas durante ese período.
Una respuesta alternativa a ese nihilismo es la de un informe publicado en agosto por el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. En “Cómo reducir los homicidios en un 50% en los próximos 30 años”, Manuel Eisner, investigador del brasileño Instituto Igarapé, analiza tres factores comúnmente citados como aquellos que incidirían en el alza de homicidios.
Sobre el primero de los factores, la concentración urbana, el informe señala que la mitad de la población mundial vive en sociedades donde se cometen apenas el 10 % de los homicidios globales y que no hay pruebas de que las sociedades urbanizadas sean necesariamente más violentas (Hong-Kong, Japón, Suiza y los Países Bajos, Canadá o Singapur). En contrapartida, los homicidios se concentran geográficamente: casi la mitad se cometen en solo 23 países que suman el 10 por ciento de la población global, la mayoría localizados en Sudáfrica, en el Caribe y en Latinoamérica, cuyos países lideran el crecimiento del delito. El informe concluye que la concentración urbana no incide en las tasas de homicidios.
En cuanto a la desigualdad de ingresos, los estudios que comparan países en un momento del tiempo constataron que los niveles de homicidio se corresponden con los niveles de desigualdad de ingresos medidos por el coeficiente de Gini, que es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Sin embargo, este modelo que funciona para comparar países sincrónicamente deja de ser eficaz cuando son medidos en estudios longitudinales, esto es, a lo largo del tiempo. Las tasas de homicidios descienden en Singapur aunque crece el nivel de desigualdad, inversamente a México o, si atendemos a las supuestas políticas de inclusión, a la Argentina. El crimen creció en Brasil en épocas en las que la desigualdad económica bajaba. Mientras tanto, la desigualdad aumentó pero la delincuencia bajó en los Estados Unidos de los 90’. El informe concluye que no hay evidencias empíricas de que la baja de la desigualdad cause o sea acompañada por una baja de las tasas de homicidio.
El tercer factor analizado es la ausencia de instituciones confiables y legítimas. En las sociedades con altas tasas de asesinatos (Honduras, Brasil, Jamaica, Venezuela o Sudáfrica), los homicidios se asocian al dominio del territorio o un ajuste de cuentas. Este regreso a la justicia por mano propia impulsa a los jóvenes varones a ir armados.
Las sociedades con índices elevados de homicidios, señala el informe, sufren sin excepción un sistema de justicia criminal disfuncional, que incluye altos niveles de impunidad para quienes delinquen. Y este sí es un factor relevante a la hora de evaluar la tasa de violencia criminal en un país.
El informe cita como ejemplo una situación que bien podría ser trasladada a la Argentina, donde de cada 10 homicidios, apenas de 5 se conoce el autor: en Honduras, sólo el 3 por ciento de los autores de homicidios cometidos entre 2010 y 2013 fueron condenados. El “costo promedio” de matar es de 6 meses de prisión, una vez admitido que el promedio de la pena de prisión es de 15 años. En cambio, en Inglaterra y Gales, donde 79 de cada 100 homicidios terminan con condena, hay muchísimos menos homicidios. En suma: los países con altos niveles de impunidad tienen también tasas de homicidios más altas.
Los índices de homicidio declinan cuando la corrupción desciende y se mejora la legitimidad del Estado a través de instituciones confiables. Un efectivo Estado de derecho -basado en la aplicación de la ley, la protección a las víctimas, sentencias rápidas y justas, cárceles dignas-, es fundamental para la reducción sostenible de la violencia letal. “Educación, educación, educación” es una condición necesaria pero no suficiente: sin un ejercicio del derecho justo todo otro abordaje –urbanización, cambios culturales, desarrollo económico, políticas preventivas- serán frágiles y no sustentables.
En lugar de apelar banalmente a mitos autoexculpatorios, los dirigentes deberían abandonar la política del tero que explica el delito por la desigualdad o por el narcotráfico, reduccionismo que justifica la inacción y hasta la promoción del delito por parte de un Estado que se declara impotente frente a una problemática que, cuando es abordada científica y no ideológicamente, puede ser resuelta.
Diana Cohen Agrest, Clarín X
