El Salvador cada vez más inseguro

Agosto pasó a la historia como uno de los más negros para El Salvador desde la guerra civil que concluyó en 1992. El saldo de ese mes fue: 911 asesinatos en 31 días. De hecho, Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé que estudia la violencia, señala que sin tener aún un cierre de muertes total este año, sin duda, será uno de los peores de esta década.  En El Salvador ni los policías se salvan, de enero hasta el 10 de septiembre 47 han sido asesinados presuntamente por pandillas. La tasa de homicidios oara este año supera los 61.6 por cada 100,000 habitantes.
Para los analistas el liderazgo en los últimos años en materia de seguridad tiene una  deuda monumental.
Mauricio Ramírez Landaverde, director de la Policía Nacional Civil (PNC), señala que el Gobierno cuenta con una estrategia integral contra la inseguridad, pero su implementación va a cuestas por el contexto violento al que en particular se enfrenta la corporación policial por ser foco de ataques directos por parte de las pandillas.El comisionado considera que en este momento en el que la violencia ha recrudecido el Estado debería encauzar los recursos para atender las necesidades institucionales, pero más allá de eso los recursos deben “generar oportunidades, invertir en la prevención, fortalecer las instituciones, profesionalizar a los miembros, dar mejores salarios y prestaciones”.

Menos reacción, más investigación

De 2010 a 2015, a las seis instituciones que aplican las políticas de seguridad del país se han destinado $4,665 millones, lo que bien equivaldría al presupuesto total del Estado de un año. La cuenta que más ha crecido, si se compara lo presupuestado, es la de seguridad y justicia, en el que está incluida la PNC. Gran parte de este aumento se debe a más agentes policiales.

La segunda cuenta que más creció es la del Órgano Judicial a causa de un decreto constitucional que estipula se le destine el 6 % del presupuesto total anual, que suele utilizarse para  salarios y bonos, mas no a modernizar ni a saldar la mora judicial.

Carlos Carcach, catedrático e investigador, considera que la seguridad, por años, ha sido instrumentalizada por el poder político obstaculizando encontrar la verdadera solución a partir de un estudio serio sobre su accionar.

Lamenta que después de tantos años no se haya invertido en investigaciones para entender el fenómeno: “Hay muchas maneras de estudiar a las pandillas. Uno podría pensar en las pandillas como una plaga y aplicar los conceptos básicos para atacar una plaga. También podrían  estudiarse como a un tumor”. Carcach agrega que el gran problema de seguridad no puede verse como solo las maras, ya que a ellas hay que sumarle narcotráfico y criminalidad.

Pero a pesar de los estudios y análisis el dinero no se distribuye de forma equitativa, y eso puede observarse al comparar los presupuestos de las instancias operativas como Defensa (Fuerza Armada), Seguridad (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que han recibido en los últimos años hasta un 45 % más de fondos  que instancias de investigación como la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial.

Carlos Ponce, criminólogo, señala el gasto en seguridad se ha enfocado en colocar a más elementos combinados con militares en las zonas peligrosas lo que no es inversamente proporcional con la diminución de homicidios.

“La presencia visible de personal policial tiene un impacto reducido sobre los índices delincuenciales, especialmente cuando no es parte de una estrategia más amplia que incluya un componente fuerte de recolección, tratamiento y análisis de información delictual, para orientar de forma más eficiente y efectiva los recursos limitados”, afirma.

Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC durante dos periodos, coincide en que la inversión en más policías, más apoyo militar, más compra de armamento… no podrán ser efectivo si no se fortalece la investigación “que es lo que va a desarticular a los grupos criminales. Pero si no se estudian, no se investigan, no habrá tanques ni cañones que los detengan”.

Se importan más  armas para uso de civiles

El mapa de datos de armas del Instituto Agarapé señala que la importación de armas de 2008 a 2012  en El Salvador estuvo marcada por una demanda de civiles. En este período desde ese país se importaron $17.98 millones en armas y municiones. De este total, cerca de $7.79 millones correspondieron a armas civiles, $4.16 millones a armas militares y $5.97 millones para municiones.

El mapa mundial  de armas creado en conjunto con el  Instituto Investigación para la Paz de Oslo permite establecer la ruta de compras de armas en la que se indica que El Salvador durante esos años se abasteció de armas y municiones provenientes de Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay, Argentina, República Checa, entre otros países.

El país también ha exportado pero su proporción es marginal en comparación con lo que compra. Si se observan los datos de importación de la Secretaría Económica de la Integración Centroamericana (SIECA), en la que no se desglosan compras militares o civiles y que además incluye partes y accesorios de armas, en 2013 se hizo una importación de armamento de $3.32 millones y en 2014 se importaron $3.46 millones.

La situación de inseguridad ha derivado en compra de armamento tanto para las fuerzas militares como la población civil, en el que las adquisiciones en su mayoría son para agencias privadas de seguridad.

 

Por Maria José Saavedra, El economista