La Amazonía Saqueada: las raíces de los delitos ambientales en Bolivia
Este estudio sobre Bolivia, en colaboración con InSight Crime, traza un panorama complejo de la compleja red de actores, incluidas entidades estatales y no estatales, y las relaciones que perpetúan el crimen ambiental en la Amazonía boliviana. Busca comprender la dinámica actual de los delitos ambientales en la cuenca amazónica y generar recomendaciones políticas para las principales partes implicadas en la lucha contra los delitos ambientales a nivel regional, nacional y local. En lugar de limitarse a diagnosticar el problema, el estudio pretende plantear nuevos diálogos y oportunidades de intervención en relación con los delitos ambientales en la región.
Este estudio, aborda cuestiones relativas a la garantía de los derechos sobre la tierra de las comunidades tradicionales de la Amazonía, muchas de las cuales se enfrentan actualmente a nuevas formas de acaparamiento y tráfico de tierras, sobre todo por parte de empresas exportadoras que extraen recursos naturales. El estudio también incluye oportunidades de intervención para reformar y fortalecer instituciones públicas estructuralmente débiles y propensas a la corrupción en la Amazonía boliviana, especialmente las relacionadas con cuestiones de tierra, medio ambiente y seguridad.
Además, el informe también demuestra la dinámica transnacional y transfronteriza de los delitos ambientales en Bolivia como el tráfico de fauna silvestre y el tráfico ilegal de mercurio para la minería de oro y el tráfico de madera. En este contexto, gestionar cadenas de suministro cada vez más globalizadas que se inician en la Amazonía boliviana o la atraviesan, exige una cooperación regional e internacional mayor y más sólida para desmantelar los delitos ambientales y proteger la selva y sus habitantes.
Los hallazgos y análisis se basan en un año de investigación de fuentes abiertas y trabajo de campo en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Incluyen investigación documentales y entrevistas telefónicas y presenciales con expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales y de seguridad, miembros de comunidades locales, académicos y otros.
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