Los 70 millones de hectáreas de selva tropical de Perú están siendo arrasados a velocidades alarmantes. En 2020, el país registró un récord de destrucción de 203.000 hectáreas, casi 40 por ciento por encima de 2019.

“Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana” es la segunda entrega de una serie de investigaciones conjuntas entre InSight Crime y el Instituto Igarapé cuyo objetivo es poner en evidencia cómo los delitos ambientales son lesivos para los ecosistemas naturales y las comunidades que habitan la cuenca amazónica. El análisis se complementa con una herramienta de visualización de datos desarrollada por el Instituto Igarapé: EcoCrime Data.

Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica, y cerca del 28 por ciento de su oro se extrae de manera ilegal. Las alzas sostenidas en los precios del oro son el motor de una fiebre del oro ilegal, y un buen número de actores criminales se lucran de ella.

Clasificado entre los diez países más biodiversos del mundo, Perú es segundo, después de Colombia, en número y variedades de aves. También es uno de los primeros países del mundo por su diversidad de anfibios, mamíferos y plantas, lo que lo convierte en un punto crítico para el tráfico de vida silvestre.

Desde la expansión agrícola desenfrenada hasta el contrabando de animales, la corrupción engrasa las ruedas de los delitos ambientales causantes de la destrucción de la selva amazónica en Perú. Esta investigación conjunta pone al descubierto esas amenazas y las turbias interacciones entre actores económicos legales e ilegales, lo que a su vez genera desafíos adicionales. El informe destaca también la forma como estos actores agravan la degradación ambiental en un momento de aceleración del cambio climático y la agitación sociopolítica en Perú.

“Los delitos ambientales no son solo un desafío nacional, también regional. Muchos procesos extractivos ilegales en Perú tienen estrecha relación con los delitos ambientales en el resto de la cuenca del Amazonas. Los delitos ambientales hacen parte de una economía regional más amplia”, comenta Melina Risso, directora de investigaciones del Instituto Igarapé.

el gobierno peruano sigue priorizando el desarrollo económico sobre la protección de la selva amazónica.

Pese a esos muchos obstáculos, “Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana” muestra que la acción colectiva a nivel local, nacional, regional e incluso global es esencial y posible. El estudio apunta a varias soluciones a los desafíos que presentan los delitos ambientales, incluido un enfoque integrado que incluya las instituciones de orden público, las autoridades ambientales, organizaciones de la sociedad civil y, en especial, las comunidades locales. La cooperación es vital para combatir en los niveles más altos a los actores ilegales que ganan con la destrucción de la Amazonía. Una estrategia limitada, basada en la inteligencia y las instituciones de orden público no son suficientes por sí solas.