Amazônia saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países

Dado que la deforestación ilegal no respeta fronteras, InSight Crime y el Instituto Igarapé han puesto en marcha una investigación sobre los delitos medioambientales en cinco países amazónicos: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El territorio de estos cinco países representa alrededor del 20% de la cuenca del Amazonas, y en conjunto
han perdido 10 millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, una superficie equivalente
a la de Portugal.

En Bolivia, el aumento de la tala y la quema de tierras ha avivado los incendios forestales, que han consumido grandes extensiones. Estos incendios provocados por el hombre suelen ser provocados por colonos que arrasan ilegalmente los árboles para cultivar soja y criar ganado. Según la investigación, gran parte de la deforestación beneficia a las grandes empresas agrícolas vinculadas al gobierno.

Asimismo, decenas de miles de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana han sido invadidas para sembrar palma de aceite. Los traficantes de madera también están robando valiosas maderas duras y balsa, utilizadas en las aspas de las turbinas eólicas, para abastecer la demanda de China.

“Amazônia saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países” es la tercera entrega de una serie de investigaciones conjuntas entre InSight Crime y el Instituto Igarapé cuyo objetivo es poner en evidencia cómo los delitos ambientales son lesivos para los ecosistemas naturales y las comunidades que habitan la cuenca amazónica. El análisis se complementa con una herramienta de visualización de datos desarrollada por el Instituto Igarapé: EcoCrime Data.

En el corazón de la Amazonía venezolana, los ríos y los bosques están siendo contaminados con mercurio procedente de la extracción ilegal de oro gestionada por bandas criminales y grupos armados colombianos. Nuestra investigación traza un mapa de estos grupos, entre los que se encuentran la banda venezolana Sindicato del Perú, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y unidades de la fuerza rebelde marxista colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Gran parte del oro termina en las bóvedas del banco central de Venezuela, para ser vendido para sostener al presidente Nicolás Maduro.

El oro ilegal venezolano, valorado en millones de dólares, también se traslada a Guyana, país amazónico vecino, donde se suma a la producción de esta nación, lo que también perjudica a los bosques. Guyana cuenta con menos de una docena de inspectores para más de 9.000 explotaciones mineras. Los abusos son galopantes. La vecina Surinam también sirve de centro de blanqueo del oro ilegal procedente de Venezuela, Guyana y la Guayana Francesa, el cual se camufla entre su depredadora producción de oro.

Pese a esos muchos obstáculos, “Amazônia saqueada: las raíces de los delitos ambientales en cinco países” muestra que la acción colectiva a nivel local, nacional, regional e incluso global es esencial y posible. El estudio apunta a varias soluciones a los desafíos que presentan los delitos ambientales, incluido un enfoque integrado que incluya las instituciones de orden público, las autoridades ambientales, organizaciones de la sociedad civil y, en especial, las comunidades locales. La cooperación es vital para combatir en los niveles más altos a los actores ilegales que ganan con la destrucción de la Amazonía. Una estrategia limitada, basada en la inteligencia y las instituciones de orden público no son suficientes por sí solas.

 

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