Violencia le cuesta a América Latina lo mismo que la infraestructura
Informe del BID calcula que costos asociados a la criminalidad equivalen al 3 por ciento del PIB.
América Latina y el Caribe es la región más violenta del planeta: con apenas el 9 por ciento de la población mundial, es escenario de la tercera parte de todos los asesinatos (33 por ciento). África se le acerca, con el 31 por ciento, pero allí vive el 15,7 por ciento de los habitantes del mundo. Asia, el continente más populoso –seis de cada diez personas viven allí–, produce el 28 por ciento de los homicidios, y Europa, que aloja a uno de cada diez, apenas el 5 por ciento.
Solo Colombia tiene una tasa cercana a los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque se redujo en más de diez respecto del 2004, cuando fue de 41,4, está muy por encima del promedio regional (22,5) y del orbital, que para el 2012 fue de 6,2, de acuerdo con el Mapa de Homicidios del Instituto Igarapé, de Brasil. De hecho, el país ocupa el séptimo lugar del ranking entre los 27 analizados en este lado del planeta, después de Honduras, Venezuela, Belice, El Salvador, Guatemala y Jamaica.
Estas son algunas de las cifras más significativas que recoge el informe Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe, publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que calcula el impacto económico de la violencia sobre los hogares, las empresas y el sector público.
El estudio estima que la violencia nos cuesta el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) regional, cifra similar a la que se invierte en infraestructura durante un año.
“Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, el 3 por ciento del PIB equivale al ingreso del 20 por ciento más pobre de la población. Es decir, con lo que cuesta el crimen podría duplicarse el ingreso del 20 por ciento más pobre de la gente. Así mismo, se estima que los costos para combatir el cambio climático son del orden del 2 por ciento del PIB”, explica Laura Jaitman, coordinadora de la agenda de investigación en seguridad ciudadana y justicia del BID y editora general de la investigación. La analista agrega que, en los países desarrollados, el costo de la violencia es cercano al 1 por ciento del PIB.
Para calcular esta cifra, el BID tomó como referencia cinco países que, en su concepto, reúnen las características para representar a toda la región: Honduras, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Chile.
Luego escogió las variables para establecer el impacto económico de la violencia, como los costos generados por las muertes, los daños o las pérdidas de propiedad privada, los que generan las lesiones en casos de agresión (gastos médicos, incapacidades, etc.), los ingresos que deja de percibir una persona productiva que es asesinada y los aportes económicos que dejan de generar las personas enviadas a la cárcel. También hacen parte de la lista los gastos que demanda el sistema judicial en cada país, los dineros pagados por las aseguradoras, los recursos destinados por los gobiernos para la lucha contra el crimen (campañas, fuerza pública, etc.) y la inversión privada. Esta última va desde el dinero que destinan las empresas para mantenerse a salvo hasta el ciudadano que decide instalar un sistema de seguridad en su residencia –con rejas o cámaras, por ejemplo– para protegerse de los delincuentes.
“El crimen distorsiona el comportamiento de los consumidores y extrae recursos de la sociedad que podrían tener destinos más eficientes”, explica el informe, presentado oficialmente en la séptima Semana de la Seguridad Ciudadana, que se cumplió recientemente en Quito. Y pone como ejemplo el caso de una persona que después de comprar un vehículo tiene que invertir una suma adicional en una alarma, para tratar de evitar un posible robo.
Objetivos críticos
Los casos de hurto en los que no solo se presenta una pérdida material sino, además, afectación física y moral de las víctimas son destacados por el BID como uno de los aspectos más preocupantes para la seguridad ciudadana. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) estimó en el 2013 que seis de cada diez robos en la región se cometen con violencia.
Una encuesta del 2011, aplicada en 18 países de la región y recogida por el banco, arrojó que el 32 por ciento de la población considera que la violencia, la inseguridad y los grupos delictivos son sus principales problemas. Por ello, otro factor que incide directamente en los bolsillos es el de la tendencia ciudadana a escoger los barrios más seguros, generalmente más costosos, para disminuir el riesgo de victimización.
El organismo multilateral también llama la atención sobre el hecho de que América Latina y el Caribe presenten unas cifras de criminalidad tan alarmantes y sean, al mismo tiempo, unas de las zonas con las tasas de policía más altas, con 307 uniformados por cada 100.000 habitantes (cifra similar a las del Medio Oriente y el norte de África: 365). Europa y Asia central cuentan con 278 y Norteamérica, con 222, de acuerdo con la ONU. En Colombia, esta tasa es de 365.
La editora del estudio del BID afirma que, si bien muchas ciudades han avanzado en seguridad respecto de décadas anteriores, aún existen muchos retos, como el fortalecimiento de una estructura institucional que permita tener una mayor efectividad en este campo. Y aunque afirma que, en el caso específico de Colombia, la reducción de la tasa de homicidios “es motivo de esperanza”, advierte que los índices de lesiones personales producto de las riñas, la violencia interpersonal y las cifras de hurto han aumentado considerablemente.
Las investigaciones del BID han encontrado, por ejemplo, que parte del incremento en las estadísticas de hurto en nuestro país es consecuencia del Sistema de Responsabilidad Criminal de Adolescentes (SRPA), implementado desde marzo del 2007, “que privilegia medidas de justicia restaurativa sobre condenas punitivas para menores de edad”.
Lo anterior se tradujo en un relajamiento de las penas, menores tasas de arresto y un cambio conductual en la policía, “que estaría menos inclinada a capturar jóvenes, que, a la luz de esa legislación, probablemente no enfrentarían cargos”, indica el estudio, que también encontró una reducción en la asistencia escolar de los adolescentes de familias con bajo nivel educativo. “Atender de manera estratégica todos los tipos de delitos ayudaría a mejorar la seguridad ciudadana y la percepción de seguridad de las personas”, subrayó Jaitman.
Frente al futuro de la región, la experta sostiene que la manera más eficiente de reducir el crimen “consiste en diseñar una cartera de intervenciones que incluya tanto programas de prevención social de la violencia como acciones de disuasión y control por parte de la policía y la justicia”.
Una opinión similar tiene el analista en seguridad y política Jairo Libreros, quien advierte que es “urgente” innovar en materia de leyes que permitan invertir en seguridad. “En Colombia hay fondos territoriales para que el 5 por ciento del valor de las obras públicas y la sobretasa a la gasolina se destinen a la seguridad, pero esos recursos no son suficientes y se gastan de una manera que no es la ideal”, sostiene. Y añade que, aunque el Gobierno Nacional tiene que garantizar la seguridad ciudadana, son los alcaldes los que deben preocuparse por verificar que los recursos se inviertan adecuadamente.
Sobre el mismo tema, el analista Hugo Acero dice que la inversión en seguridad, enfocada en prevención y control del delito, genera desarrollo y competitividad: “Si se mejora la seguridad, la inversión extranjera crece en la región y esto genera empleo y bienestar”.
Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala que el problema de la inseguridad en la región no ha recibido el tratamiento que se merece, a pesar de que constituye el principal problema económico: “La seguridad debería ser la principal política pública en cada uno de los países. Los gobiernos deben preocuparse más por vencer el miedo de los ciudadanos, pues no solo en Colombia hay personas que muchas veces sienten temor de salir a las calles o a un parque. Esto ocurre en toda la región”.
También cree que, aunque en Colombia se han visto algunos casos de innovación para combatir la criminalidad, en el último tiempo “las cosas no van por buen camino”, y sostiene que se ha dejado de perseguir con eficiencia al crimen organizado. “Está demostrado que lo que aquí funciona es la innovación de las autoridades y la evaluación de los resultados frente a las necesidades”, concluye.
En la región están 14 de los 20 países más violentos del planeta
Al menos 437.000 personas mueren cada año en el mundo de manera violenta (11.000 al mes solo en América Latina), según el Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé, de Brasil, que consolidó las cifras oficiales de 219 países. Mientras que en todo el planeta la proporción de hombres asesinados es del 79 %, en América Latina y el Caribe corresponde al 85 %. En la región, el 66 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, mientras que la proporción orbital es del 41 %. Otro dato que confirma a esta región como la más violenta de todas es que reúne a 14 de los 20 países con las más altas tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Pero quizás lo más preocupante de todo es que solo Brasil, México, Venezuela y Colombia aportan el 25 % de los asesinatos del mundo.
Carlos Guevara, El Tiempo
