La Ruta del Dinero: conectando los sistemas de anti-lavado de dinero para acabar con los delitos ambientales en la Amazonía

Para 2018, los delitos ambientales se habían convertido en el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, solo superado por el narcotráfico y el contrabando. En 2022, las estimaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el principal organismo mundial que establece estándares anti-avado de dinero, consideró que los delitos ambientales generarían entre 110 y 281 mil millones de USD en ganancias criminales por año. De 2006 a 2016, los delitos ambientales aumentaron entre un 5% y un 7% por año, una tasa que creció de dos a tres veces más rápido que el PIB mundial. El lavado de dinero es parte del engranaje criminal que derrocha la selva amazónica y no ha sido priorizado como debería.

El estudio “La Ruta del Dinero: conectando los sistemas de anti-lavado de dinero para acabar con los delitos ambientales en la Amazonía” revela la necesidad de que los sistemas, órganos e instituciones responsables de prevenir el lavado de activos pongan su atención en las conexiones de esta práctica ilícita con el medio ambiente. La publicación muestra que el ciclo de lavado de activos sigue tres etapas hasta que los recursos lavados lleguen al sistema financiero: inserción, ocultamiento e integración. Sin embargo, no todo el producto de la actividad delictiva se lava directamente en el sistema financiero formal. Así, la diversificación informal constituye el proceso de trasladar los flujos ilegales a la economía informal.

Se estima que el 30% del dinero a lavar se utiliza para pagar los gastos operativos de los ahorros ilícitos. Las transacciones con efectivo, fraccionadas en pequeñas cantidades y depositadas por “mulas monetarias”, se utilizan para financiar la contratación de mano de obra precaria, alojamiento, alimentación, seguridad, transporte, servicios de salud, ocio y maquinaria, por ejemplo. El 70% restante de los recursos ilícitos ingresan formalmente al sistema financiero.

 

El Banco Mundial estimó, en 2019, que los gobiernos pierden de 6 a 9 mil millones de USD en ingresos fiscales anuales debido a la tala ilegal de madera.32 Al mismo tiempo, otros delitos ambientales como la minería ilegal, especialmente de oro y diamantes, generan entre 12 y 48 mil millones de USD anuales en ganancias criminales. En 2018, el Atlas Mundial de Flujos Ilícitos de la INTERPOL constató que la tala ilegal representaba entre el 15% y el 30% del comercio mundial de madera, valorado entre 51 y 152 mil millones de USD al año. China importa la mitad de toda la madera ilegal, seguida de la India y Vietnam. Por otra parte, la industria maderera ilegal es responsable de hasta el 90% de la deforestación tropical en países africanos como la República Democrática del Congo.

La lucha contra los flujos financieros ilícitos es una herramienta poderosa para desmantelar las economías ilegales. Se vuelve aún más relevante cuando se identifica que los flujos financieros ilícitos alimentan un ecosistema de delitos ambientales compuesto por una convergencia de delitos ambientales y no ambientales, como la corrupción, la malversación de fondos, la evasión fiscal, entre otros.

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