Fortalecer los sistemas contra el lavado de activos ante los delitos ambientales: análisis comparativo de marcos legales y de políticas en los países de la Amazonía
Los crímenes contra el medio ambiente y los recursos naturales representan la tercera economía ilícita más grande del mundo en términos de volumen de recursos movilizados, solo por detrás del narcotráfico y la trata de personas. Se trata de delitos que impactan la naturaleza y amenazan la sostenibilidad del planeta, como la tala ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión agropecuaria no autorizada, la minería ilegal de oro y el tráfico de fauna silvestre. Estos crímenes se caracterizan por la inserción de bienes naturales obtenidos ilegalmente en la economía formal, proceso conocido como lavado de activos ambientales, que mueve entre 110 mil millones y 281 mil millones de dólares al año.
Dada la diversidad y complejidad de las estrategias empleadas para ocultar el origen ilícito de estos recursos, los sistemas de prevención y combate al lavado de dinero enfrentan dificultades para identificar la dinámica del crimen ambiental. Este informe analiza cómo las legislaciones de seis países de la Cuenca Amazónica — Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela — tipifican los delitos ambientales y si las entidades obligadas a reportar transacciones sospechosas a sus respectivas Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) están adecuadamente estructuradas para enfrentarlos.
Es a través de la actuación de estas entidades responsables del reporte de operaciones sospechosas que se activa el sistema de combate al lavado de activos, que incluye a las fuerzas del orden y los ministerios públicos. En términos generales, los marcos normativos siguen dos modelos: uno que vincula el lavado de activos a un conjunto predefinido de delitos (los llamados “delitos precedentes”) y otro que permite el lavado de recursos provenientes de cualquier delito (modelo de “todos los delitos”).
El estudio está dividido en dos partes. La primera examina si las actividades y profesiones vinculadas a las cadenas productivas más vulnerables a los crímenes ambientales en la Amazonía están sujetas a la obligación de reportar transacciones sospechosas. La segunda parte evalúa la aplicación de las leyes sobre lavado de activos y los mecanismos de recuperación de bienes. Además, investiga si los marcos normativos nacionales reconocen el lavado de activos como delito vinculado a estas infracciones y si cuentan con instrumentos eficaces para la recuperación de activos en el contexto de estas actividades ilícitas.
El Instituto Igarapé contó con la colaboración pro bono de los estudios jurídicos C. R. & F. Rojas – Abogados, Dentons Paz Horowitz, Brigard Urrutia, Baker McKenzie LLP, GSA Legal y otro despacho jurídico aliado. Estas contribuciones fueron fundamentales para la realización de esta investigación jurídica, desarrollada en el marco de la colaboración con la red TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters.
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Conozca más sobre el tema en el Artículo Estratégico 64: Dinámicas del ecosistema de los crímenes ambientales en la Amazonía Legal y en la serie La Ruta del Dinero: Delitos ambientales e ilícitos económicos en cadenas productivas de la Amazonía brasileña
