Cerrando las brechas del crimen ambiental: Un enfoque basado en riesgos para enfrentar el lavado de dinero en la cadena de la madera

La deforestación en la Amazonía se encuentra en un momento decisivo. Solo en Brasil, el 91% de la deforestación registrada entre 2023 y 2024 ocurrió sin autorización. La continuidad de este proceso acerca al bosque a un punto de no retorno, con impactos irreversibles sobre la regulación climática, el ciclo hidrológico, la biodiversidad y la estabilidad socioeconómica de la región.

 

A pesar de la magnitud de la crisis, el crimen ambiental aún no ocupa una posición central en la agenda de lucha contra el crimen organizado, a pesar de tratarse de una actividad ilícita de gran escala, viabilizada por la comisión de delitos conexos como corrupción, fraude documental, falsedad ideológica y lavado de dinero. El sector maderero ilustra con claridad esta dinámica. La extracción ilegal no ocurre al margen del sistema productivo, sino a través de él. Los planes de manejo son manipulados, las autorizaciones se conceden bajo conflictos de interés, los documentos son falsificados y la madera extraída ilegalmente se inserta en el mercado formal como si fuera un producto regular.

 

La ocultación del origen ilícito del activo ambiental constituye, en la práctica, un proceso de lavado; sin embargo, la ausencia de tipologías e indicadores específicos crea una brecha regulatoria que permite que ingresos ilícitos sean integrados al mercado formal y al sistema financiero con un bajo grado de detección.

 

Frente a esta brecha, el Instituto Igarapé desarrolló el presente estudio con el objetivo de fortalecer el sistema antilavado mediante la creación de técnicas orientadas a la identificación de riesgos de fraude, corrupción y lavado de dinero en el sector maderero. Las metodologías propuestas incluyen indicadores organizados en tres categorías: (i) identificación de conflictos de interés entre funcionarios públicos y empresas del sector maderero; (ii) detección de riesgos asociados a fraude y corrupción en la aprobación de planes de manejo; y (iii) análisis de riesgos vinculados a la extracción y el procesamiento de madera ilegal.

 

Para probar la aplicabilidad de estas técnicas, el Instituto Igarapé llevó a cabo un estudio piloto en el estado de Pará, que resultó en la identificación de 125 funcionarios públicos, 204 responsables técnicos que firman planes de manejo forestal, 877 individuos y 116 entidades titulares de derechos de explotación sobre el área, además de 341 unidades de procesamiento de madera con indicios de alto riesgo.

El ejercicio demuestra que es posible adaptar el sistema antilavado a las especificidades del crimen ambiental y ampliar su capacidad de prevención y detección.

 

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Conozca más sobre el tema en Fortalecer los sistemas contra el lavado de activos ante los delitos ambientales: análisis comparativo de marcos legales y de políticas en los países de la Amazonía  y en el Artículo Estratégico 64:  Dinámicas del ecosistema de los crímenes ambientales en la Amazonía Legal