Mercados y bosque: Análisis comparativo de los sectores económicos que presionan la Cuenca Amazónica

La Amazonía es el bosque tropical más grande del planeta, albergando cerca del 10% de la biodiversidad mundial y desempeñando un papel vital en la regulación del clima y del ciclo del carbono. A pesar de su relevancia socioambiental, la Amazonía se encuentra bajo creciente presión de los mercados de oro, madera, ganado y tierras — actividades económicas que impulsan la deforestación y alimentan dinámicas ilícitas, además de impactar los modos de vida de comunidades indígenas y tradicionales, profundamente entrelazados con el delicado equilibrio ecológico de la región.

 

Estas cadenas productivas conviven con prácticas informales, irregulares y criminales, convirtiéndose en objetivos del crimen organizado en la región. Este carácter híbrido las distingue de otros mercados ilícitos: a diferencia del tráfico de drogas o armas, en los que la ilegalidad es intrínseca, en el delito ambiental uno de los principales desafíos consiste precisamente en rastrear y comprobar la ilicitud de los recursos naturales extraídos o de la transformación del bosque nativo con fines agropecuarios.

 

En su intento por regular, controlar y fiscalizar estas actividades económicas, las autoridades de los ocho países que conforman la Cuenca Amazónica — Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela — han adoptado estrategias distintas. Se observan diferencias normativas, vacíos regulatorios y la ausencia de mecanismos eficaces para una acción regional coordinada.

 

Ante este desafío, este estudio realiza un análisis comparativo de las estructuras institucionales y regulatorias de los cuatro principales mercados asociados a la deforestación en la Amazonía: oro, madera, ganadería y tierras. El objetivo es comprender en qué medida los países de la Cuenca Amazónica poseen condiciones y están preparados para regular y controlar estos mercados.

 

La ilegalidad se inserta en la forma en que estos recursos naturales son extraídos, producidos o cultivados, transportados, comercializados o incorporados a las cadenas productivas. El origen criminal de un producto natural generalmente se disimula mediante documentos falsificados, corrupción, explotación en áreas prohibidas o fallas en la fiscalización — lo que hace esencial diferenciar las prácticas legales de las ilegales.

 

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