Bajo el radar: riesgos de seguridad territorial y regulatoria en la Amazonía brasileña y colombia

Las amenazas a la seguridad física, los conflictos de tierras, la degradación ambiental y la débil presencia del Estado se encuentran entre los desafíos más urgentes que enfrentan las organizaciones de Brasil y Colombia que trabajan en la primera línea de la Amazonía. Estos riesgos se ven agravados por la demanda global de productos básicos — incluida la madera, el oro, la carne bovina y la soja — y por la creciente presencia de grupos criminales que buscan consolidar el control territorial y la influencia política mediante la intimidación, la corrupción y la cooptación de las estructuras locales de gobernanza.

Tanto en Brasil como en Colombia, los actores de la sociedad civil manifestaron sentirse más expuestos a la inseguridad territorial que sus contrapartes del sector privado y pidieron instituciones más sólidas, una mejor gobernanza y modelos de desarrollo inclusivos basados en las realidades locales.

Estas conclusiones son el resultado de una encuesta en línea y de una serie de entrevistas con informantes clave realizadas por el Instituto Igarapé entre octubre de 2024 y abril de 2025. La investigación buscó evaluar mejor las percepciones de riesgo y las soluciones propuestas por instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y actores del sector privado que operan en la Amazonía.

Para enfrentar la creciente convergencia de riesgos territoriales, ambientales y de gobernanza que comprometen el desarrollo sostenible de la Amazonía, así como las metas de largo plazo en materia de clima y biodiversidad, el informe propone una estrategia doble: fortalecer las instituciones oficiales y, al mismo tiempo, adoptar modelos híbridos de gobernanza que reflejen las realidades locales. 

El futuro de la Amazonía depende de inversiones estructuradas y éticas, basadas en el territorio, que conecten la ambición política con el conocimiento operativo de las frentes de actuación. Los inversionistas de impacto, las autoridades públicas y los donantes también deben adaptarse, incorporando evaluaciones de riesgo territorial y regulatorio en toda la planificación de proyectos, además de invertir en la capacitación de los implementadores.

Estas recomendaciones se dirigen a los gobiernos nacionales y subnacionales, organizaciones filantrópicas, donantes internacionales y, sobre todo, a las comunidades que dependen y defienden el bosque.

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