Nada nuevo en Colombia: paz en las ciudades, guerra en el campo
Maio, 2017
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llega este 17 de mayo a Washington para su primer encuentro oficial con Donald Trump. Los temas a tratar están cantados: paz en Colombia, lucha contra el narcotráfico, inversión después del conflicto, comercio y, desde luego, Venezuela.
Pero mientras Santos busca atraer la inversión con el avance de la paz en Colombia, el respaldo de Estados Unidos al postconflicto no está aún tan asegurado como en tiempos de Barack Obama.
En el marco de su política “America First” el nuevo Gobierno estadounidense ha planteado un recorte de la ayuda al exterior de un 30 por ciento. Pero, pese al fuerte cabildeo ante congresistas republicanos por parte de la oposición radical a la paz en Colombia para que no se respalde el posconflicto, el Congreso estadounidense confirmó una partida de 450 millones de dólares. En todo caso, el llamado Plan Colombia, centrado en la “guerra contra las drogas”, es cosa del pasado, sin que aún haya un plan internacional para enfrentar el problema.
Por lo pronto, la administración de Santos, con el respaldo de la comunidad internacional y hasta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene una tarea más urgente por resolver: llevar a final feliz uno de los puntos más delicados de la implementación del Acuerdo de Paz con la FARC: la “dejación de armas”.
Cuando la entrega de armas es solo “dejación”
En esto hasta el uso de las palabras fue negociada, como recuerda la investigadora del Instituto Igarapé, Katherina Aguirre, en Razón Pública de Colombia. “Es dejación y no entrega ni desarme, pero es, de todos modos, un hito sin precedentes que muestra el compromiso de las FARC con su reintegración a la vida civil. Además, el que las fechas se hayan mantenido a pesar de los inconvenientes le da legitimidad al proceso”, apunta Aguirre. Hasta este 1° de junio, los 6.084 exguerrilleros de las FARC deben haber entregado las armas a Naciones Unidas, con las que llenará 41 contenedores y 52 cajas metálicas.
Mientras este complicado proceso se desarrolla con grandes dificultades, pero en paz, afuera, en las zonas antes ocupadas por las FARC, los líderes sociales que regresan tras su desplazamiento a reclamar las tierras robadas o sus derechos fundamentales son asesinados a sangre fría.
La Plataforma Pacifista, un proyecto de la revista Vice Colombia, ha destacado, como ningún otro, esta silenciosa serie de 34 homicidios de líderes comunales, desde el 1 de diciembre tras la firma del Acuerdo de Paz y que, al parecer, “al Gobierno le está quedando grande protegerlos”, como cuestiona en la misma publicación Mario Zamudio Palma.
“En Colombia están asesinando a un líder social cada cuatro días”, dice a DW Diego Alarcón, editor de Pacifista, quien recuerda que “los grandes medios están casi que pasando por alto este fenómeno, porque están más centrados en cubrir los puntos pendientes de la paz en el Congreso”. Pacifista busca, por ello, mostrar la realidad de las regiones para que “deje de ser invisible”, agrega Alarcón.
¿Quiénes y por qué están siendo asesinados?
“Se trata de campesinos e indígenas líderes que trabajan en sus comunidades y para sus comunidades, como el caso de Mario Calle, la última víctima que hemos registrado”, cuenta el editor de Pacifista, para quien “no se puede aún concluir con certeza que las muertes se den por la disputa por las tierras, aunque sí hay evidencias de disputas territoriales entre diversos grupos criminales”. Este sería el caso en Chocó, occidente del país, en donde el ELN y bandas criminales se enfrentan por el dominio de feudos de negocios ilegales.
Pero hay un grupo que llama especialmente la atención por sus agresivas amenazas y ataques a civiles: las autodenominadas “Autodefensas gaitanistas de Colombia”. Según Diego Alarcón, “analistas concluyen que este grupo es una herencia remanente del paramilitarismo bajo la ley de Justicia y Paz de Álvaro Uribe”, bajo la cual no hubo un desarme total.
Los asesinatos de líderes sociales en Colombia han sido una de las razones para que varios grupos creen y desarrollen la campaña “Instinto de Vida”, que bajo el lema de #NiUnMuertoMás busca acabar con la indiferencia y la impunidad.
El constitucionalista Rodrigo Uprimny dice en Pacifista que “por cada 10 homicidios que se cometen en Colombia solo se condena a un responsable”, e instó a las autoridades a “dar prioridad a las investigaciones sobre homicidios se regulen o legalicen las drogas”, cuyo tráfico crea entornos favorables para la violencia homicida.
