La terminación del conflicto armado con las Farc ha generado en el país una gran incertidumbre: que si el acuerdo es suficiente para lograr reducciones de la violencia, o si la negociación ha generado una dispersión de la criminalidad que ha redundado en el aumento de la inseguridad urbana y rural.

Más allá de estas discusiones –que suelen tener un trasfondo político– la realidad la proveen los datos oficiales: comparado con los primeros ocho meses del año anterior el homicidio se ha reducido un 6 por ciento en el país. También se reportan bajas en las amenazas, la extorsión, el terrorismo y el secuestro. Sin embargo, la mejora en la seguridad no es una realidad absoluta. Hay regiones donde los riesgos se han exacerbado. Considerando la misma medición, el homicidio ha aumentado en las zonas rurales del país (3 %), así como en los municipios que han sido históricamente más afectados por el conflicto (10 %) –166 municipios que hacen parte de las circunscripciones especiales para la paz–.

La violencia política ya ha cobrado más de 50 víctimas en el primer semestre, y aunque el Estado niegue la sistematicidad, los líderes se encuentran amenazados por grupos criminales y paramilitares. Los excombatientes de las Farc y sus familias se encuentran ahora en excepcional riesgo. Se habla también de un aumento de la percepción de inseguridad. Efectivamente, el hurto a personas se incrementó en el país en un 1 por ciento, un 24 por ciento solamente en Bogotá. Sin embargo, el desafío está en distinguir en qué medida los cambios se relacionan con la existencia del conflicto y su terminación.

Cualquier país que se haya enfrentado a un conflicto armado, se enfrenta también a riesgos que amenazan la paz y la seguridad. Estos riesgos están relacionados con legados directos de la confrontación (como disputas latentes sobre la propiedad de la tierra y un proceso incompleto de desarme y desmovilización), así como condiciones generales en el contexto de la paz (como limitada capacidad estatal, impunidad y corrupción).

El riesgo se manifiesta en la existencia de disidencias, el reacomodo de grupos de criminalidad organizada, la limitada reconciliación y deseos de venganza, conflictos sobre la tierra y formas extralegales de vigilancia y justicia –asociados a la limitada provisión de seguridad y justicia por parte del Estado, entre otros–.

Los grupos de criminalidad organizada se han ajustado al nuevo contexto tras la retirada de las Farc. Estos, que en ocasiones entran en disputa con otros en el territorio, son responsables por altos niveles de violencia en las regiones. Estudios como los realizados por Paz y Reconciliación y por Ideas para la Paz dan cuenta de las transformaciones y evolución de los grupos criminales de cara al periodo de transición. Esta transformación ha implicado, incluso, que grupos como ‘clan del Golfo’ estén considerando el sometimiento colectivo.

En algunas regiones se evidencia la presencia de grupos criminales –tales como el ‘clan del Golfo’– en Caquetá y sur del Chocó. Disidencias de las Farc en Guaviare, Meta y Caquetá, también son fuente de inestabilidad. Sin embargo, se estima que estos grupos son pequeños y no superan el 5 por ciento de los excombatientes. La presencia del Eln se evidencia en el Arauca, Norte de Santander, Cauca y Chocó.

Estas son las regiones con aumento de los homicidios en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, así como el aumento en zonas rurales. Sin embargo, no existe evidencia que el incremento de los hurtos, especialmente en áreas urbanas, esté relacionado con el proceso.

La información y el análisis en el terreno son la única manera de evidenciar los verdaderos cambios en violencia y criminalidad. Esto es importante para restarles validez a visiones fatalistas y no fundamentadas sobre el posconflicto. El Instituto Igarapé y su campaña Instinto de Vida tienen como objetivo proveer y analizar información para promover políticas guiadas para efectivamente reducir la violencia.

KATHERINE AGUIRRE TOBÓN
Investigadora Asociada Instituto Igarapé@katheaguirreCOL